Les hacemos llegar el documento politico sobre el COU (codigo de planeamiento urbano), para poder informarnos.
Contra la privatización del espacio público
En defensa de una ciudad integrada, democrática y sustentable
Por un conjunto de razones que exponemos en este documento, los abajo firmantes advertimos a los platenses que el gobierno municipal aspira a modificar las ordenanzas vigentes del Código de Edificaciones y el Código de Planeamiento Urbano (3001/63 y 9231/00) con la evidente intención de favorecer la especulación inmobiliaria irresponsable y los negocios de sus socios privados, en abierta confrontación con el interés común de los vecinos. Una ciudad fragmentada, pensada para favorecer a los ricos y aislar a los más humildes, y un desequilibrio ambiental a partir del seguro colapso de los servicios esenciales será el resultado de un proceso signado por la improvisación, fomentado por las urgencias del poder económico y orquestado a espaldas de las instituciones profesionales idóneas y de los platenses en general.
1) Sin diagnóstico, ningún plan es serio
No se conoce evaluación alguna que fundamente la necesidad de modificar la normativa vigente. Es una cuestión de sentido común: sin un análisis preciso sobre premisas básicas de crecimiento, desarrollo, protección ambiental y patrimonial (y otras más específicas como sistemas de movilidad y transporte, promoción laboral, crecimiento poblacional y servicios básicos) se hace imposible abordar con seriedad una reforma del Código de Planeamiento.
Además, tampoco existe un diagnóstico serio que identifique las fortalezas y las debilidades del actual cuerpo normativo; una evaluación básica para motorizar una reforma y determinar la pertinencia de tales o cuales modificaciones.
Un aspecto fundamental: el proyecto oficial propone aumentar intensidades de ocupación del suelo y alturas de edificación sin un estudio que permita medir el impacto y las consecuencias de esa política, que relajaría un marco regulatorio diseñado, precisamente, para evitar que el crecimiento descontrolado de la Ciudad produjera un colapso de los servicios. En otras palabras, el intendente Pablo Bruera quiere dar vía libre al negocio de la construcción sin estar seguro de que los caños no van a explotar.
2) No hay un modelo de ciudad
El proyecto amplía las áreas urbanas residenciales sobre las actuales áreas rurales productivas, extendiendo la ciudad y generando gastos urbanos a partir de la necesidad de extender las infraestructuras y el sistema de transporte.
Pero no se conoce el “modelo de ciudad” que inspira al gobierno municipal para impulsar cambios tan trascendentales como éstos. Los especialistas apuntan que se requiere, para promover transformaciones de esta naturaleza, de una planificación estratégica, con objetivos comunes y directrices avaladas por altos niveles de consenso que rijan el desarrollo de la ciudad. La ausencia de un proyecto acordado transforma en abstracto cualquier intento de modificación de su Código, al carecer de los contenidos conceptuales que le den marco a esta transformación. Y esta administración jamás expuso —acaso por no tenerlo— su proyecto de Ciudad.
3) Participación cero
El gobierno municipal no habilitó mecanismos ni canales reales de participación y de consenso para conocer y opinar sobre el proyecto de reforma. Las instituciones que nuclean a los mejores expertos de la ciudad, no tuvieron oportunidad alguna de hacer aportes que hubieran sido de incalculable valor. Tampoco se le dio participación al Consejo Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), un órgano de control y consenso creado por ordenanza 8733/96 que integran varias unidades académicas de la Universidad Nacional y colegios profesionales competentes, y que fue creado para proteger de la discrecionalidad, a la Ciudad.
La propuesta de modificación se instrumentó sólo desde las áreas técnicas del Municipio avalada sólo por las propias cámaras empresarias del sector de la construcción. El proceso, en definitiva, estuvo regido y condicionado por urgencias políticas derivadas de las presiones de los sectores económicos que esperan servirse de la mesa del Estado para hacer sus negocios. Y fue autista, a contramano de la tendencia mundial a la promoción de democracias ya no sólo representativas, sino verdaderamente participativas.
4) Ciudad medieval
Con el impulso de esta reforma, el intendente Pablo Bruera cede ante la presión de grupos empresariales que desde hace años pujan por liberar la ciudad al negocio de los countries. Y, así, se asocia a sectores que no dudan —atendiendo sus mezquinos intereses comerciales— en promover una ciudad fragmentada, con los ricos encerrados en guetos que profundizan la brecha social. En efecto, si prosperara la reforma que impulsa el gobierno municipal, quedará permitida la construcción de barrios cerrados en áreas urbanas residenciales, generando barreras físicas que alterarán los movimientos y el trazado de la ciudad, dificultarán la libre circulación, disminuirán los espacios públicos y consolidarán enclaves cerrados de sectores sociales de mayores recursos. Bruera quiere, en pleno siglo XXI, replicar en La Plata el modelo urbano del Medioevo, aquél que aislaba a los ricos en ciudades amuralladas y dejaba a los pobres librados a su suerte, a la intemperie.
5) Crecimiento especulativo y sin red
El Código que propone esta gestión de gobierno promueve la construcción de edificios más altos en el casco fundacional y, por lo tanto, mayores niveles de densidad de población, pero sin tener las previsiones necesarias en relación a la infraestructura, los servicios públicos y de transporte que acompañen ese crecimiento. Pero no sólo eso: premiará esta acción imprudente que supone el riesgo de consecuencias gravísimas. Por caso, podrá tener mayor altura el edificio que incluya cocheras. Como resultado, se espera que edificios de más de 12 pisos florezcan como hongos en el centro de la ciudad.
Hoy, 100 edificios oficialmente registrados no pueden obtener la certificación de “final de obra” porque las empresas prestatarias de servicios básicos (agua, luz, cloacas y energía) no están en condiciones de proveerlos. Nuestra pregunta es: ¿La aprobación de este nuevo código viene acompañado de un plan de inversión en infraestructura que permita adecuar los servicios al crecimiento promovido?
6) Preservación y Medio Ambiente
Se elimina todo lo avanzado en el programa de conservación del patrimonio. El intendente Bruera pretende borrar las zonas de preservación, reducir al eje fundacional los bienes patrimoniales vigentes (los que queden) y eliminar las acciones de preservación dispuestas para los bienes más valiosos. No es un daño menor: en una Ciudad reconocida en el mundo entero por su fabuloso patrimonio arquitectónico y cultural, se trata de un desprecio inaceptable de la identidad histórica.
Además, con esta propuesta, se permitiría construir en las zonas de protección de los arroyos y hasta en los espacios de las trazas de las calles existentes, en áreas en proceso de consolidación.
7) Vía libre a intereses sectoriales
El proyecto tiende a desregular distintos aspectos que responden a demandas sectoriales que, a partir de un interés especulativo, fomentan la flexibilización de los indicadores urbanísticos para incrementar la potencialidad constructiva en las áreas centrales de la ciudad.
· Disminuyen la exigencia de espacios verdes y reservas de uso público en las urbanizaciones en el orden de un 50 a un 80%;
· Tienden al englobamiento parcelario, lo que conlleva a la ruptura del catastro fundacional del casco, considerado como patrimonio por leyes provinciales y nacionales;
· Crean la figura del loteo social bajo la modalidad de subdivisión por propiedad horizontal, permitiendo subdivisiones inferiores a las establecidas por la ley 8912.
8) Manda la “urgencia”
Un poco de historia. Para la modificación del actual Código en el año 2000, el gobierno municipal recorrió un largo camino de estudio y búsqueda de consensos: 4 años de evaluación por parte del COUT, asamblea pública convocada en el Colegio de Abogados de La Plata, 40 reuniones de Comisión de Planeamiento en el Concejo Deliberante a las que asistieron todos y cada uno de los concejales más ex intendentes, asociaciones ambientalistas y figuras relevantes de todas las especialidades. Esos encuentros se realizaron con presencia permanente de la prensa.
Nada de esto ha ocurrido esta vez y, como si esto fuera poco, en una maniobra claramente artera, el presidente del Concejo Deliberante evitó la apertura del debate enviando el proyecto directamente a comisión, bajo la infundada figura de “extrema urgencia”.
9) Acecho a la producción
Sólo se avanza en permitir mayor subdivisión del suelo en áreas rurales, desplazando las áreas de reserva, para alentar la urbanización de las mismas, en algunos casos en detrimento de las tierras aptas para la actividad agrícola intensiva, de fuerte tradición en la zona. También se propone ampliar las áreas para la radicación de clubes de campo, desalentando la producción a favor del rendimiento inmobiliario. Nos preguntamos de qué van a vivir nuestros productores, que son los más importantes del país en el sector hortícola bajo cubierta y floricultura. No olvidemos: las generaciones presentes son meros inquilinos de lo que van a heredar las generaciones futuras.
10) Estado ausente
El proyecto promueve el descontrol. Quita del medio al Estado como ente regulador, encargado de evitar que los peces más grandes se devoren a los más chicos.
· Elimina la obligatoriedad de informar sobre todo acto urbanístico;
· Elimina la obligatoriedad del certificado de factibilidad de servicio otorgado por la empresa prestadora del servicio al momento de presentar el proyecto de permiso de obra;
· Elimina el requisito de convocatoria a audiencia pública para aprobación de intervenciones urbanísticas de gran escala;
· Elimina los requisitos de información pública antes de la entrada en vigencia de la factibilidad, localización y declaración de impacto ambiental;
· Elimina el Registro de Oposición de información de los actos de gobierno y consulta pública de la documentación pendiente o en trámite de aprobación.
En definitiva, la transparencia y el necesario control estatal de las actividades privadas, bien gracias.
No permitamos que privaticen la ciudad
Toda norma de alcance general y, más aun, aquella que va a regir la fisonomía de la vida cotidiana de una comunidad, tiene que ser fiel reflejo de su cultura e idiosincrasia, armónica con sus intereses. Al carecer de estas características, deviene ineficiente su aplicación. Y en una flagrante malversación del mandato popular.
Por todo lo expuesto es que encendemos una luz de alarma ante lo que consideramos, lisa y llanamente, una privatización masiva del espacio público. En definitiva, la entrega de la ciudad al libre albedrío del poder económico.
